Delegación Presidencial Provincial de
Hasta la provincia de San Antonio llegaron los seremis de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci; la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Valentina Stagno, quienes, junto a la delegada presidencial provincial, Gabriela Alcalde, dieron a conocer la nueva ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que comenzará a regir dentro de un año.
En la oportunidad, también estuvo presente la coordinadora de la Red Meicas, Ana Retamales, quien valoró esta nueva ley, que fue promulgada este miércoles por el Presidente de la República, y que se instala como una herramienta para terminar con la impunidad en que quedan los deudores del pago de pensiones de alimentos.
Por su parte, la delegada presidencial provincial, Gabriela Alcalde, indicó que esta ley “es una forma más de combatir la violencia, principalmente, de género, sobre la que, sabemos, las mujeres no son violentadas sólo físicamente, sino que, también, económicamente, emocionalmente, y esto es una manera concreta, real, de poder apoyar a todas esas mujeres para que no tengan que ir a mendigar algo que les corresponde”.
Con la futura ley, quienes integren la base de datos del Registro Nacional de Deudores, sufrirán una serie de consecuencias en su diario vivir, que les obligarán a pagar sus pensiones adeudadas, ya que se dejará lógica de las sanciones punitivas (por ejemplo, a través de arrestos), para avanzar en la incorporación de sanciones de carácter patrimonial para los deudores.
Sobre la ley, el seremi Bartolucci destacó que “todas aquellas personas que tengan más de tres cuotas impagas de forma continua, o cinco discontinuas, por orden del juez, van a ser incluidas en este Registro Nacional de Deudores de Alimentos, lo que no se dará solo a solicitud de la persona beneficiaria del pago, sino que será necesario que un juez de Familia decrete la inclusión dentro del registro”, y agregó que “las consecuencias que esto genera, varía desde una lógica punitiva, sancionatoria, hasta un privativa de libertad”.
Al respecto, la seremi Stagno, agregó que “esta iniciativa se viene trabajando desde agosto del 2020, entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, buscando reivindicar los derechos de niños, niñas y adolescentes y, por cierto, reivindicar los derechos de muchísimas mujeres que hoy tienen el rol reproductivo, en las que recae la labor, no solamente, de crianza y cuidado, sino también la manutención económica de sus hijos e hijas”.
Finalmente, la coordinadora de la Red Meicas, se refirió a la ley “como una luz de esperanza hacia nosotros. Un pago digno hacia nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen derecho a comer, a ir a una escuela, hay que pagarles transporte, útiles escolares, y tienen derecho a ir a un parque o a comerse un sándwich en el mall. Porque ellos (los padres) solamente ven sus bolsillos cuando se separan de la mujer o se van con otra persona, y se alejan de la vida nuestros hijos”.
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